25 mil familias de pescadores en riesgo por exploración y explotación petrolera

Más de 25,000 familias de pescadores artesanales que dependen del mar Caribe para su sustento se encuentran en riesgo ante el avance de los proyectos de exploración y posible explotación petrolera en aguas hondureñas.

Ante este panorama, organizaciones sociales y ambientales de Honduras y América Latina, entre ellas la Red Gran Caribe Libre de Fósiles, Oilwatch Latinoamérica y la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE), solicitaron al Gobierno de Honduras la realización de un estudio técnico independiente que permita evaluar de forma integral los impactos económicos, sociales y ambientales de esta actividad, antes de que se tomen decisiones que puedan afectar directamente a las comunidades costeras.

El tema toma relevancia nuevamente debido a la continuidad del Contrato de Exploración y Explotación de Petróleo en el Caribe Hondureño, aprobado en 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y retomado en la actualidad bajo el Gobierno de Xiomara Castro.

Las organizaciones señalaron que proyectos de esta envergadura requieren decisiones basadas en criterios técnicos sólidos, participación ciudadana y atención prioritaria al interés público. Asimismo, recordaron que existen territorios de alta sensibilidad ecológica, como La Mosquitia, donde comunidades indígenas dependen directamente de la pesca, la agricultura de subsistencia y el ecoturismo.

“Cualquier proyecto que implique el uso de recursos naturales debe analizarse con base en evidencia científica, cumplimiento del marco legal y mecanismos que aseguren la participación ciudadana”, indicaron.

Asimismo, ANAFAE enfatizó que el manejo de los recursos naturales debe responder al interés colectivo y no a intereses particulares. “La gestión de los recursos naturales debe estar alineada con la legislación vigente y las necesidades reales del país”, afirmó Octavio Sánchez, director de ANAFAE.

ANAFAE también recordó que el Estado debe respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y garantizar procesos de consulta previa, libre e informada para evitar decisiones que vulneren el bienestar de las comunidades.

Las organizaciones coincidieron en que Honduras necesita fortalecer su gobernanza ambiental y planificación territorial para asegurar que el uso de sus recursos naturales sea decidido con transparencia, participación efectiva y respaldo técnico.

Finalmente, hicieron un llamado a la población a mantenerse informada y respaldar la necesidad de evaluaciones técnicas independientes, como un paso fundamental para proteger los medios de vida de miles de familias costeras.