La Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos un paquete de reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, resaltando el aumento de las penas para los líderes de grupos delictivos y el establecimiento de procedimientos «por célula de pandilla», lo que anularía los juicios individuales para ciertas personas. Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos ya han criticado esta medida y otras tomadas por el oficialismo en el decimosexto mes del estado de excepción.

Ya son más de 71.000 personas arrestadas por el Gobierno encabezado por Nayib Bukele, que ha alargado el estado de excepción hasta 16 veces. Sin embargo, el poder Legislativo del país centroamericano, dominado por el oficialismo, ha decidido dar más herramientas a la Administración actual para facilitar el encarcelamiento de «miembros de pandillas».

Las reformas aprobadas incluyen el aumento, de 45 a 60 años, de la condena en prisión para todos aquellos que sean encontrados responsables por liderar grupos delincuenciales en El Salvador, pero la medida que más llama la atención es la implementación de juicios grupales.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, mencionó que la reforma permitirá a los jueces del país agrupar a más de 900 personas, acusadas de pertenecer a la misma organización delictiva, para que sean juzgadas por el sistema de Justicia salvadoreño en una misma audiencia.