El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, se presentó ante el Ministerio Público a interponer denuncias por el manejo fraudulento de 82 fideicomisos, entre estos uno que manejó su compañero de gabinete, Darío García, en el Instituto de la Propiedad (IP) por fondos no liquidados que ascienden a más de tres mil millones de lempiras.
En la denuncia se involucra a funcionarios públicos y centenares de empresarios, detalló Ochoa, quien además mencionó que en los casos que denuncia se encuentran involucrados el exministro de la presidencia, Ebal Díaz, el actual ministro de Copeco, Darío García, y el exfuncionario del Tasón de Seguridad, Francisco Roberto Cosenza, extraditado y condenado en Estados Unidos.
El funcionario explicó que el oficio presentado ante la Fiscalía retrata el manejo irregular de cuatro fideicomisos que son los más conocidos por un monto de 95 mil millones de lempiras entre 2012 y 2023, que se hizo violando las normas que establece la Ley de Contratación del Estado.
Entre los cuatro casos se detallan uno del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, otro del Instituto de la Propiedad (IP), el fideicomiso del proyecto Vida Mejor, y el cuarto relacionado con Invest-H con relación a la compra de los Hospitales Móviles.
“El exdirector del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza, ha sido extraditado hacia Estados Unidos de América, donde se ha declarado culpable por haber recibido coimas para beneficiar empresas con la adjudicación de contratos. Entre el 2012 y el 2022 este Fideicomiso ejecutó alrededor de 30 mil millones de lempiras, sin ningún control institucional y al margen de la Ley de Contratación del Estado”, mencionó el ministro Ochoa.
Al mismo tiempo “Ebal Díaz, contra quien el Ministerio Público ya ha iniciado un proceso de privación de dominio, presidió el Consejo Directivo del IP, desde donde se tomaban las decisiones sobre los recursos del Fideicomiso SITEC del IP, que ejecutó entre 2015 y 2022 alrededor de 19,000 millones de lempiras, incluyendo el corrupto proyecto de casas chatarra”.
Mencionó que “durante su gestión (refiriéndose a Ebal Díaz), se diseñó un esquema de corrupción publico privada que le permitió recaudar impuestos fuera de la Tesorería General de la República (TGR), y gastarlos sim ningún tipo de control administrativo al margen de la Ley de Contratación del Estado”.
El funcionario de Finanzas entregó un documento al Fiscal Johel Zelaya en el que expone que “la utilización del esquema de fideicomisos para la ejecución de fondos públicos administrados vía comités técnicos integrados por miembros del sector público, el Cohep y la sociedad cual, violó flagrantemente la Constitución de la República en cuanto al principio de que la Cuenta Única del Tesoro (CUT) es la única autorizada para recibir los ingresos del Estado, así como la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP), que declara como nulos de pleno derecho los gastos realizados fuera del Presupuesto General de ingresos y Egresos de la República (PGIER).
Bajo este corrupto esquema se ejecutaron al menos ciento cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho millones, novecientos treinta mil lempiras (L145,698,930,000 00), a través de los principales 82 fideicomisos”.
Lamenta que el pueblo fue cargado con nuevos impuestos, cuya recaudación ingresaba a las cuentas de los fideicomisos en la banca privada y pública, sin registros en la Caja Única del Tesoro (CUT), administrado sin los controles y la transparencia que manda la Constitución de la República, y asignados indiscriminadamente en contratos adjudicados a empresas y transferencias a ONGs.
