Foto: cortesía de EFE
El martes, un juez del Juzgado de Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó la medida de detención judicial contra Gerardo Enrique Galeano, quien está acusado de planificar actos terroristas en contra del expresidente Manuel ‘Mel’ Zelaya.
El proceso judicial está enmarcado en el delito de “actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista”, debido a un supuesto complot que tenía como fin desestabilizar al país y afectar las elecciones generales de noviembre de 2025.
El juez, luego de la audiencia de declaración de imputado, remitió a Galeano al Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, donde permanecerá mientras se resuelve su situación legal.
Además, el Poder Judicial informó que la audiencia inicial contra Galeano quedó programada para el viernes 5 de septiembre.
La acusación fue presentada por el Ministerio Público (MP) y se sustenta en una serie de audios y pruebas que vinculan a Galeano con otros individuos, entre ellos Antonio David Kattan Rivera, quien también se encuentra bajo prisión preventiva.
Según las investigaciones del MP, Galeano y Kattan Rivera planeaban actos violentos para crear caos y desestabilizar el país. Ambos conspiraban para atentar contra el expresidente Zelaya, con la intención de impedir las elecciones generales y alterar el orden constitucional.
Los dos individuos discutían, en los audios, la necesidad de paralizar el país y sembrar el terror, con la colaboración de otros actores dentro de manifestaciones políticas del gobierno.
También se descubrió que otras personas, como Perfecto Jesús Enamorado Paz y Arcadio Corrales Estrada, formaban parte de este complot, con la intención de infiltrar manifestaciones y asesinar a simpatizantes del gobierno. Los acusados exhibieron armas de fuego y planearon ataques en un intento de desestabilizar la situación política.
La gravedad del caso no solo radica en la organización de un atentado, sino en el objetivo de alterar la paz del país y sabotear un proceso electoral crucial para el futuro de Honduras. En la audiencia inicial, las pruebas presentadas permitieron que el juez dictara prisión preventiva para los involucrados.
El fiscal general Johel Zelaya también dio a conocer un audio clave que demuestra la intención de los acusados de asesinar a Zelaya, utilizando un lenguaje agresivo y el deseo de haberlo hecho antes, en el contexto del golpe de Estado de 2009.
En dicho audio, se hablaba presuntamente de «la necesidad de paralizar el país y de usar la violencia» para interrumpir las elecciones.
Los detenidos serán juzgados por los delitos actos preparatorios punibles y asociación terrorista, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación.
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