El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) interpuso un nuevo requerimiento por el caso «Koriun Inversiones», empresa fachada utilizada para estafar a miles de personas en diferentes regiones del país, construyéndose un fraude piramidal.
La acusación es por el delito de lavado de activos en contra de los administradores de las sucursales de Copán y Santa Bárbara, Elder Jehovany Gómez Guevara y Juan Carlos García Rios, quienes anteriormente ya estaban imputados por asociación para delinquir.
Conforme a las investigaciones y análisis financiero patrimonial, se detectó que los imputados presentan desproporción en sus ingresos y transacciones efectuadas en el sistema financiero. En el caso de Elder Jehovany no justifica más de 7.3 millones de lempiras (L. 7, 386,875.37), mientras tanto Juan Carlos no acredita procedencia lícita de más de 1.5 millones de lempiras (L. 1, 580,463.33).
Cómo se recordará el pasado 27 de junio también se presentó una ampliación de la acusación por el delito de asociación para delinquir, en contra el gerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez, su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez y Marco Abel Villeda Galdámez (acusados primero por lavado de activos). Asimismo, se acusó a los administradores de sucursales de La Entrada, Copán; Santa Bárbara; Juticalpa, Olancho; y Danlí, El Paraíso.
CASO KORIUN INVERSIONES
Koriun Inversiones es una empresa que operó en Honduras desde 2018 y que fue señalada por el Ministerio Público (MP) como una estafa piramidal bajo el esquema Ponzi, afectando a más de 35,000 inversionistas en al menos siete departamentos del país (Cortés, Choluteca, Santa Bárbara, Copán, Olancho, El Paraíso y Francisco Morazán).
El caso Koriun Inversiones expone graves fallas en la supervisión financiera de Honduras y ha generado una crisis económica y social, especialmente en Choloma, donde la mayoría de los afectados residen.
La falta de regulación permitió que la estafa operara durante años, afectando a miles de personas.
La intervención del MP y la CNBS llegó tarde, y la propuesta de usar fondos públicos para compensar a los afectados ha generado controversia.
Hasta la fecha, la incertidumbre persiste, y los inversionistas continúan exigiendo respuestas.
