Aumenta a L 15 millones la recompensa por Romeo Vásquez

La Policía Nacional de Honduras, dio a conocer este jueves una nueva actualización del afiche de los 10 hondureños más buscados con orden de captura, misma que encabeza el exgeneral de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, por quien se ofrece hasta 15 millones de lempiras.

Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, es actualmente prófugo de la justicia hondureña.

Vásquez Velásquez es acusado por el Ministerio Público de Honduras por varios delitos graves relacionados con la crisis de 2009.

Cargos contra Romeo Vásquez

• Homicidio y lesiones graves: Se le acusa de ser responsable del asesinato de Isis Obed Murillo Mencías, un joven de 19 años que murió por un disparo en la cabeza durante una manifestación el 5 de julio de 2009 cerca del aeropuerto Toncontín, y de lesiones graves contra Alex Roberto Zavala Licona. Según investigaciones, las fuerzas militares bajo su mando dispararon de manera desproporcionada contra manifestantes pacíficos, utilizando fusiles de alto calibre (M16).
• Lavado de activos: En mayo de 2025, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Vásquez por presuntamente haber recibido dinero de un narcotraficante, respaldado por un video analizado por el Laboratorio de Video Forense, aunque el material no ha sido hecho público.

ANTECEDENTE

Romeo Vásquez fue detenido el 5 de enero de 2025, junto con otros dos exmilitares, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, por los cargos relacionados con el homicidio de Murillo. Sin embargo, tras ser otorgado arresto domiciliario, no se presentó a una audiencia el 18 de marzo de 2025, lo que llevó a su inclusión en la lista de los diez fugitivos más buscados de Honduras por Interpol y la Policía Nacional, con una recompensa de hasta 10 millones de lempiras por información sobre su paradero.

Desde su fuga, Vásquez ha publicado videos en redes sociales desde un lugar desconocido, posiblemente una zona montañosa, alegando ser víctima de persecución política por parte del gobierno de Xiomara Castro y Manuel Zelaya.

Ha negado las acusaciones, afirmando que las órdenes que ejecutó en 2009 fueron legales y emanadas de la Corte Suprema de Justicia, y que las pruebas en su contra son fabricadas.