Hay emergencia en varias regiones del país, sobre todo en Santa Cruz y en las comunidades más afectadas como Rurrenabaque, en el departamento de Beni, y San Buenaventura, en La Paz.
“Están apareciendo nuevos focos de calor, nos han reportado las comunidades de necesidades en cuanto a alimentación para hacer las ollas comunes y todavía no es suficiente la ayuda que ha mandado el gobierno”, dijo Gonzalo Oliver, presidente de la Central de Pueblos Indígenas, a la Voz de América.
El dirigente indígena pidió “mayor ayuda por la magnitud de estos incendios, que en algunos casos ya están poniendo en riesgo las áreas urbanas” de las comunidades.
El lunes, el departamento de Beni se declaró en desastre ante la falta de recursos y coordinación con el gobierno central para afrontar la crisis, según declararon sus autoridades. A esto se sumaron activistas y organizaciones medioambientalistas que criticaron lo que consideran una “tardía” reacción del presidente Luis Arce.
Como respuesta, el mandatario instruyó la conformación de un “comando de incidencias” para asistir a las poblaciones más afectadas, como informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, después de sobrevolar zonas afectadas.
“Se ha hecho todo un trabajo logístico de abastecimiento de alimentos, herramientas, equipos de protección personal, combustible para nuestras aeronaves, de manera que nuestro trabajo a partir de ahora es de forma sostenible”, dijo el viceministro.
Por otro lado, la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, insistió en la responsabilidad de las dos principales autoridades del país para declarar “desastre nacional”.
“Yo confío en que el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca no van a cometer el terrible error que cometió (el expresidente) Evo Morales de no aceptar ayuda exterior). La sensatez llama a estas personas a pedir ayuda internacional”.
En esta semana, movilizaciones ciudadanas tomaron las calles del país para pedir acciones urgentes en defensa del medio ambiente, en rechazo a la minería ilegal y las leyes denominadas “incendiarias”, que aseguran son permisivas para actividades de quema que están propagando los incendios.
Datos oficiales indican que en lo que va del año más de 3 millones de hectáreas se consumieron, aunque el gobierno recalca que la cifra es menor a las administraciones pasadas.