El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), emitió un requerimiento fiscal contra el subjefe de la bancada del Partido Nacional, diputado nacionalista Nelson Márquez, quien ya fue capturado junto a otras tres personas por coludirse para defraudar al Estado de Honduras por más de 3,000 millones de lempiras.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, confirmó a través de redes sociales la detención del diputado Márquez y de Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala y el juez Raymundo Esaú Gradiz.
El martes el MP presentó un requerimiento fiscal contra una red de exfuncionarios públicos, abogados, jueces y el actual diputado.
Según las investigaciones, esta estructura operó durante más de dos décadas utilizando como base un contrato irregular y un fallo arbitral sin valor legal, lo que permitió que se promovieran demandas fraudulentas contra el Estado.
Entre los señalados se encuentran la exprocuradora General de la República Lidia Estela Cardona Padilla; el exsecretario de Sedecoas y actual diputado del Congreso Nacional Nelson Javier Márquez Euceda; y otros exfuncionarios como Vicenta Doblado Andara, Eva María Vásquez Villanueva y Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la empresa NAINSA.
También figuran los abogados Caronte Rojas Zavala y Murray Paul Farmer, representante de la empresa estadounidense DRC Inc.
Asimismo, fueron acusados los jueces Irissabel Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, por prevaricato judicial, este último detenido; y Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso, entre otros implicados en la red.
Antecedentes
De acuerdo con el MP, el caso tiene su origen tras el paso del huracán Mitch en el año 2000, cuando el Estado hondureño adjudicó un contrato a la empresa DRC Inc. con fondos de cooperación internacional. Sin embargo, esta empresa no estaba autorizada para operar en el país y subcontrató de forma ilegal a NAINSA.
En los años siguientes, ambas compañías impulsaron demandas contra el Estado basadas en un laudo arbitral nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia. Con apoyo de jueces y funcionarios, lograron que se ejecutaran resoluciones que derivaron en pagos millonarios desde cuentas estatales, incluyendo fondos del Banco Central de Honduras y de Sedecoas-FHIS.
El Ministerio Público reveló que parte del dinero obtenido fue transferido a cuentas personales de los acusados y sus familiares, incluso usándose para pagar hipotecas y otros bienes. La red también habría falsificado documentos y utilizado reglamentos no publicados oficialmente para sustentar los arbitrajes fraudulentos.
Este nuevo golpe judicial forma parte de la lucha contra redes de corrupción que han saqueado los recursos del pueblo hondureño bajo esquemas bien estructurados y prolongados en el tiempo.
