Las 60 organizaciones de la Sociedad Civil que conforman la Coalición Patriótica de Solidaridad, expresaron ayer su profunda preocupación ante las irregularidades contenidas en el dictamen del Proyecto de Ley de Hidrocarburos y Biocombustibles, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, en su segundo debate.
“Creemos que esta iniciativa, lejos de fortalecer la transparencia y equidad en el mercado de los combustibles, representa una seria amenaza para los derechos de los consumidores y la sostenibilidad de los pequeños y medianos empresarios del sector, que generan miles de empleos directos e indirectos y facilitan el movimiento económico del país”, señalan.
En este sentido, la Coalición Patriótica de Solidaridad, rechazó categóricamente, el contenido del proyecto de ley que se discute actualmente.
Como primer punto, ven riesgo para la correcta aplicación del Factor de Corrección de Temperatura (FCT – 60 Grados) más conocido como Ley de 60 Grados.
El dictamen incorpora interpretaciones legales que podrían dejar sin efecto la aplicación del Decreto 40-2012, el cual garantiza anualmente más de 600 millones de lempiras en descuentos semanales a los consumidores, mediante la Estructura de Precios, manifestaron.
El Factor de Corrección de Temperatura (FCT) es una normativa internacional y herramienta técnica, legalmente establecida en el país, que ajusta las variaciones térmicas en los combustibles. Su debilitamiento puede significar un aumento inmediato, de alrededor de L1.50 por galón, en el precio final que pagamos los consumidores.
Asimismo, alertan sobre desmantelamiento del Sistema de Paridad de Precios y del mercado regulado.
La propuesta prácticamente elimina el actual sistema de paridad de precios y la regulación estatal, al derogar el Decreto 94-83 que creó la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) y no trasladarle sus facultades al nuevo Instituto de Hidrocarburos.
La aprobación en su forma actual de dicho dictamen, representa un riesgo para el control que debería ejercer el Estado sobre un producto estratégico y de seguridad nacional, abriendo la posibilidad a prácticas oligopólicas que elevarían los precios y desplazarían a los pequeños operadores nacionales.
La Coalición ve necesidad de una legislación imparcial y equilibrada
El dictamen no debe ser parcializado ni favorecer intereses particulares. Su objetivo debe ser proteger al consumidor, establecer una legislación que regule adecuadamente la calidad y cantidad de los combustibles, ordenar el mercado, combatir la competencia desleal y la ilegalidad o creación de carteles, garantizando un mercado justo para todos los actores.
