La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, instó este jueves a la Justicia hondureña a que se abstenga de continuar procesos de criminalización contra defensores ambientalistas después de que se anulara el sobreseimiento otorgado en 2022 a favor de cinco de ellos.
En un comunicado, Izaguirre expresó su «preocupación» por la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, en el Caribe hondureño, de anular la resolución emitida el 26 de octubre de 2022 por el Juzgado de Letras de Tocoa a favor de cinco ambientalistas, entre ellos el recientemente asesinado Juan López, por lo que ahora deberán enfrentar nuevamente el proceso judicial por cuatro delitos.
Exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a que se «abstengan de continuar procesos de criminalización» contra los defensores, ya que tienen «un papel fundamental y relevante en las sociedades democráticas, pues su compromiso no solo se limita a defender los derechos de las comunidades frente a los impactos negativos de proyectos extractivos sino que trasciende a la protección de los derechos humanos de las generaciones venideras».
Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adaly Cedillo, Marco Tulio Ramos y Juan López, este último asesinado el pasado sábado en el municipio de Tocoa, departamento caribeño de Colón, son acusados cargos de privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravado.
Según la acusación del Ministerio Público (Fiscalía), los ambientalistas eran parte de un grupo violento que incendió en septiembre de 2018 varios contenedores de la empresa Inversiones Los Pinares y una camioneta de un encargado de seguridad de la misma compañía.
La Defensora del Pueblo advirtió que la decisión de la Corte de Apelaciones «refuerza la criminalización» que sufren los defensores del medioambiente, territorio y derechos humanos, y «deslegitima la actividad de defensa» que realizan en Honduras.
Señaló además que los defensores del río Guapinol y del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, al que pertenecía Juan López, sufren una «situación de criminalización y riesgo».
Según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Colón, el conflicto en Guapinol se derivó por «la ilegalidad» de la concesión de la explotación minera de la empresa Los Pinares, lo que la compañía ha rechazado.
