Cerca de 90 reos han muerto en cárceles de Honduras bajo custodia de agentes de seguridad del Estado entre 2023 y junio de 2024, por lo que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) pidió a las autoridades esclarecer las causas de los fallecimientos.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, dijo a través de un comunicado que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que toda muerte bajo custodia del Estado «debe ser investigada de forma pronta, exhaustiva, imparcial, independientemente de la causa».
Señaló además la importancia de «deducir responsabilidades» a las autoridades encargadas del centro de detención, custodia o internamiento.
Izaguirre recomendó al Estado hondureño implementar métodos científicos en la investigación de muertes de reclusos en cárceles del país centroamericano y aplicar el Protocolo de Minnesota, cuyo objetivo es promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte.
El organismo de derechos humanos reseña, entre otros casos, el asesinato, el 20 de junio de 2023, de 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cercano a Tegucigalpa, la capital hondureña.
Muerte de 46 mujeres
La muerte de las 46 mujeres en el Cefas, 23 de ellas con armas de fuego y blancas, y las 23 restantes calcinadas en un incendio, es atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.
Señala además que al menos una decena de reclusos han sido asesinados en lo que va de 2024 en diferentes cárceles de Honduras, donde muchas de esas muertes no han sido esclarecidas por las autoridades.
El delegado adjunto del Conadeh, Ricardo López, instó a las autoridades encargadas de la seguridad en las cárceles a establecer «mecanismos adecuados» que permitan garantizar los derechos humanos de los reclusos y evitar «la pérdida de más vidas» bajo custodia de los agentes de Seguridad.
Destacó que es necesario «garantizar la vida de cualquier ciudadano que se encuentra bajo la tutela de las autoridades estatales».
«Todo acto violento que ponga en riesgo la vida e integridad de los privados de libertad, en los centros penales, repercute en la imagen del Estado, pero también en la responsabilidad que tiene el país a nivel internacional de respetar los derechos humanos de cualquier ciudadano que se encuentre en esa situación», subrayó López.
El Conadeh indicó que este año ha atendido 74 quejas sobre «posibles violaciones a los derechos humanos» en diferentes cárceles del país centroamericano, muchas de ellas controladas por pandillas.
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