El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió al Poder Ejecutivo a aprobar el Decreto que permitiría la creación de una Comisión de la Verdad para el Bajo Aguán, con el objetivo de investigar graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en esa región, donde más de 200 personas han sido asesinadas desde 2010 en el contexto de una prolongada conflictividad agraria.
La institución considera que esta comisión es una herramienta clave para esclarecer los crímenes, garantizar reparación a las víctimas y contribuir al saneamiento de tierras.
Sin embargo, advirtió que el Decreto Ejecutivo que da vida a dicha comisión fue enviado desde mediados del 2024 a la Presidencia de la República y aún no ha sido firmado, lo que retrasa un proceso urgente para la región.
El Conadeh expresó su preocupación por la contradicción del Estado, que en 2022 firmó un convenio para la creación de una Comisión de la Verdad con enfoque en derechos humanos, pero optó por establecer una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, excluyendo a las víctimas y a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Dicha comisión, según datos del CESPAD, ordenó 36 desalojos entre junio del 2023 y julio del 2024, lo que –según el Conadeh– ha agravado aún más el conflicto.
La situación se tornó aún más crítica con el asesinato de tres líderes campesinos en menos de 10 días: Ramón Rivas Baquedano (empresa La Aurora), su hijo Carlos Rivas y Héctor Otoniel Hernández (empresa Gregorio Chávez).
El Conadeh condenó estos crímenes y exigió al Ministerio Público que inicie investigaciones penales contra los responsables materiales e intelectuales, advirtiendo que la impunidad, el control territorial de actores criminales y la ausencia de seguridad jurídica continúan alimentando un conflicto estructural que el Estado no ha abordado con la seriedad necesaria.
