El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó una ampliación de este régimen excepcional, que rige en la nación centroamericana desde finales del mes de marzo.
La medida ha generado preocupación en materia de derechos humanos en el país por la suspensión de garantías constitucionales y la falta de transparencia en las detenciones, lo que generó protestas y la alerta de las organizaciones de derechos humanos.
La Asamblea Legislativa de El Salvador dio luz verde a la ampliación del régimen de excepción que rige desde el 27 de marzo bajo justificación de combatir la violencia generada por las pandillas. Así, el Gobierno, encabezado por el presidente Nayib Bukele, tendrá 30 días más de esta medida que suspende los controles constitucionales y otorga amplias discrecionalidades al Poder Ejecutivo.
Los legisladores, de mayoría oficialista, como ya había ocurrido en tres ocasiones anteriores, aprobaron la cuarta prórroga sin mayores discusiones y con 67 votos a favor, de un total de 87, la petición del Gobierno.
El país centroamericano cumplió cuatro meses en este régimen y registra más de 46 mil detenciones, según reportaron los organismos oficiales.
El presidente Bukele ha promovido el mensaje a través de sus redes sociales y apariciones públicas que la «guerra contra las pandillas» se está «ganando» a partir de las cifras de reducción en homicidios en el país.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.
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