El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles un plan para crear 700 plazas nuevas de policía ante el aumento de la violencia ocasionada por los grupos del crimen organizado asentados en el país centroamericano.
«Queremos una mejor Costa Rica para las próximas generaciones y solo luchando contra la criminalidad es que lo vamos a lograr. Yo quiero que la gente pueda andar tranquila en la calle», señaló el presidente, Rodrigo Chaves, en el acto de presentación del plan junto a autoridades policiales.
El Ejecutivo destacó que se abrirá un proceso «acelerado» de reclutamiento para disponer en junio de 400 nuevos policías y que esperan que la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto extraordinario para contratar a otros 300 uniformados más. En total unos 700 nuevos agentes que se sumarán a los 12.000 actuales.
El ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, explicó que se realizará un incremento de agentes que estarán en servicio de forma simultánea, llegando a 9.500 en todo el país de durante los próximos seis meses.
«Trabajaremos en un frente común para así alcanzar con creces el éxito de esta operación. Este país no le pertenece a los delincuentes, nos pertenece a todos los costarricenses», destacó el titular de la cartera de seguridad.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Costa Rica registró en 2022 el récord de homicidios desde que se tienen registros, con un total de 656, lo que aumentó la tasa a 12,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cuando en 2021 fue de 11,4.
De esas muertes, el 63% son ajustes de cuentas entre criminales. En lo que va de 2023 se registraron 261 homicidios, de acuerdo al OIJ.
Además del aumento de uniformados, el gobierno costarricense invertirá 5 millones de dólares en la construcción de un Centro de Mando y Control. También se utilizarán 1,1 millones de dólares incautados al narcotráfico para «la compra inmediata de más patrullas que vienen a reforzar la presencia y movilidad de los policías», indicaron desde Presidencia.
El Ejecutivo mandará al Congreso seis proyectos de ley, entre ellos uno que permita la extradición de delincuentes costarricenses solicitados por autoridades extranjeras, otro de control de venta de municiones de alto calibre o uno para mejorar las intervenciones telefónicas de la policía.
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