Miembros de la Comisión de alto nivel, nombrada por la presidenta Xiomara de Zelaya, a través del Consejo de Defensa y Seguridad, para frenar la deforestación en el país, a través de un comunicado oficial, están denunciando que dirigentes campesinos y ganaderos, prácticamente se han declarado en «rebeldía» para boicotear y detener el Plan Ambiental «Cero Deforestación al 2030».
Ante los señalamientos que presentó la comisión de Defensa y Seguridad, en el comunicado, el representante legal de los campesinos y ganaderos, Juan Soto, en declaraciones a un canal de televisión, negó los señalamientos y las posturas de las Fuerzas Armadas sobre las amenazas o supuesto boicot, porque ellos sólo están pidiendo el derecho constitucional que les asiste, que no están defendiendo delincuentes ni narcotraficantes, quienes supuestamente son quienes tienen ocupadas muchas reservas forestales, que están destruyendo y explotando los bosques.
Indicó que las personas o familias que han sido desalojadas, por ellas solo se reclama sus derechos, porque han vivido en varias zonas por más de 20 y hasta 40 años, antes de que estos sectores hayan sido declarados reservas forestales.
Asimismo aclaró, que los campesinos y ganaderos no tienen previsto ninguna movilización para estos días, que sostendrán reuniones para conocer los resultados de los acuerdos o lo tratado con los representantes del gobierno, que desde ningún punto ellos están negociando a favor o por la protección de personas ligadas al narcotráfico.
Por su lado, el director de Instituto de Conservación Forestal (ICF), Luis Soliz, señaló que los campesinos y ganaderos tienen una agenda oculta, porque éstos siguen deforestando las reservas forestales, como La Muralla y que en la biosfera del río Plátano será intervenido, no se negociará delitos ambientales y que respetarán el Estado de Derecho para frenar la deforestación.
«No se puede negociar, la no destrucción de narco laboratorios y la plantaciones de árboles de coca, porque se cumplirá la disposición gubernamental, por lo que les insistió a los campesinos y ganaderos a integrarse a un dialogo franco.
También en su cuenta oficial de X (Twitter) sobre este mismo tema, publicó: «Destruyeron y devastaron nuestras áreas de reservas forestales, usurparon territorios indígenas y establecieron el control del narcotráfico en el Corredor Biológico Mesoamericano. Hoy el Estado ha decidido recuperar, sin concesiones ni treguas, las áreas protegidas, los bosques tropicales y las fuentes de agua que pertenecen al pueblo hondureño y de la humanidad. No habrá espacio para el sabotaje ni para el miedo. Los bienes comunes de Honduras no se negocian. ¡Es el momento de refundar nuestra soberanía territorial y ambiental!».
El comunicado, dice textualmente; «Como Comisión de Alto Nivel informamos al pueblo hondureño que los ocupantes de la biósfera y las zonas de reserva se han organizado para boicotear y detener El Plan Ambiental «Cero Deforestación al 2030″ ordenado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para la protección y conservación de los bosques y ríos en las zonas de reserva».
Señalan en el comunicado que los representantes de los campesinos y ganaderos, en la reunión de éste sábado 21 de septiembre, con una actitud agresiva «provocaron el retiro del diálogo y que en los medios de comunicación y redes sociales se den mensajes amenazantes y cargados de violencia, que no demuestran ninguna voluntad para resolver el grave problema de la brutal deforestación, negándose a considerar la propuesta del gobierno de suspender los desalojos».
Al respecto, el gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya, a través de la iniciativa de frenar la deforestación en todo el país, ha destruido viviendas a campesinos que por muchos años han vivido en zonas forestales, se han publicado videos de las casas incendiadas y otras destruidas con dinamitas, dejando a mas de un centenar de personas y/o familias enteras a la intemperie.
Asimismo, los ganaderos y campesinos, en gran medida responsables de la deforestación extensiva en zonas montañosas del país, también han reclamado por la destrucción de sus actividades productivas.
