La decisión de un tribunal de destituir a la junta directiva de la Cruz Roja Venezolana preocupa a los activistas, que la consideran como un «precedente peligroso» para las organizaciones independientes. Además, temen que el Gobierno intente controlar los fondos destinados a la ayuda humanitaria.
El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) ordenó el viernes 4 de agosto «el cese» del presidente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Villarroel, y del comité directivo.
La sentencia ordenó también la creación de una junta ad hoc para una «reestructuración amplia y diversa» de la Cruz Roja Venezolana, que estará presidida por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, la mayor asociación empresarial de Venezuela.
El tribunal aseguró que las actividades la Cruz Roja Venezolana continuarán y que colaborará con la Fiscalía General para procesar a la junta saliente.
Cusanno, expresidente de Fedecámaras, se reunió este sábado con el secretario general saliente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Santimone. «Sostuvieron un diálogo fluido sobre la actual situación de la institución y declararon su disposición a trabajar conjuntamente», publicó la organización en redes sociales.
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