En 2009, René Figueroa como Ministro de Gobernación durante la conferencia de prensa sobre los diferentes planes de seguridad. Foto EDH/ Archivo
La defensa del exministro de Seguridad salvadoreño René Figueroa (2004-2009) y su esposa, Cecilia Alvarenga, solicitará el beneficio judicial de «juicio abreviado», en el que los imputados confiesan sus delitos a cambio de penas leves, en un proceso por lavado de dinero, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).
La presentación de dicha solicitud se llevó este lunes al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador para aplazar el inicio del juicio contra Figueroa y Alvarenga, programado para hoy mismo, por lo que se espera que sea trasladado al 16 de agosto próximo.
El exfuncionario es acusado de lavar más de 3 millones de dólares, de los que más de 1,9 millones supuestamente provenían de fondos desviados por el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).
Figueroa fue uno de los funcionarios más influyentes durante la Administración del exmandatario Saca, quien cumple actualmente una condena de 10 años de prisión por los delitos de malversación y lavado de dinero público.
Saca confesó en un juicio, en agosto de 2018, que desvió y lavó mediante sus empresas de comunicaciones más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.
El Ministerio Público presentó una demanda civil contra Figueroa el 19 de julio de 2019 por el supuesto enriquecimiento ilícito de más de un millón de dólares.
Este monto es señalado en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que se da cuenta de 18 irregularidades en las declaraciones patrimoniales del exministro.
De acuerdo con la investigación de la Sección de Probidad de la CSJ sobre la gestión de Saca, supuestamente se utilizaron planes de seguridad como fachada para malversar unos 20 millones de dólares.
El beneficio de «juicio abreviado» fue utilizado por Saca para evitar condenas altas en un proceso por la malversación de más 300 millones de dólares y en otro por cohecho.
La legislación salvadoreña establece que la Fiscalía puede pactar con los procesados una pena mínima, que no podrá ser apelada en ninguna instancia, a cambio de su confesión, un trato que los jueces deberán respetar.
(EFE)
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