Derecho a alimentación peligrará si “reviven” ley

El reciente anuncio de la creación de una Comisión Técnica de Semillas, de la que forma parte la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para volver a poner en vigencia la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, levantó la alerta en las organizaciones campesinas, indígenas y sociales del país.

La normativa, declarada inconstitucional en 2022, restringía el uso, intercambio y almacenamiento de semillas, como también criminalizaba y amenazaba con cárcel, a quienes incumplieran dicha ley, afectando la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación de millones de familias hondureñas, tanto productores como consumidores.

Organizaciones como la Red Anafae y Vía Campesina denunciaron que la ley empobrecería aún más al país.

“La SAG está favoreciendo la creación de monopolios, perjudicando la economía de los pequeños productores, ya que les obliga a usar semillas compradas en el mercado y prohíbe a los agricultores usar las semillas que tradicionalmente emplean para producir. Esto también encarecerá el costo de los alimentos para los consumidores”, advirtió Octavio Sánchez, de la Red Anafae.

“Para muchas familias campesinas que dependen de la reutilización e intercambio de semillas locales, esto representaría una barrera, llevándolas a la quiebra o a depender completamente de grandes empresas semilleras”, argumentó el líder social.

Honduras cuenta con una Ley de Semillas vigente (Decreto 1046) y el Reglamento General de Semillas (Acuerdo CD Senasa 001-2024) que garantizan el desarrollo del negocio de los involucrados en la industria de las semillas y respeta el derecho del campesinado a usar sus propias semillas.