La Policía Nacional ha desarticulado en València un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres, que falsificaba documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cuerpo.
Según ha informado la Policía Nacional, llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar once incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.
La investigación comenzó a principios de 2023 tras tener conocimiento los agentes que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.
Tras numerosas pesquisas, los investigadores comprobaron que dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para el estudio de cadáveres en vez de haberle dado sepultura.
El fallecido debería enterrarse en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana, sin embargo, se vendió para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.
Cadáveres de fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros
Tras las investigaciones, los policías localizaron otro caso con el mismo procedimiento. Esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo.
En este caso los investigadores pudieron constatar que el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación.
Además dicha donación se firmó para que el cadáver se remitiera a una determinada facultad de medicina, aunque finalmente fue llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo, y para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.
Los investigados buscaban cadáveres de fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad, según la Policía.