Una red corrupta operaba en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), organizada, desde las más altas esferas del Gobierno.
Según Rigoberto Portillo, exmiembro de la comisión interventora, esta red involucraba a altos funcionarios, quienes subastaban y vendían bienes incautados de manera anticipada, sin esperar las sentencias judiciales.
Los procesos de venta eran rápidos, con decretos y autorizaciones emitidas en cuestión de días o semanas, favoreciendo a personas cercanas al Gobierno.
La red tenía como objetivo saquear la institución, independientemente de si los bienes estaban en proceso de comiso o si los propietarios ya habían sido condenados en juicio.
“El propósito era entregar y saquear”, afirma el exinterventor, quien asegura que el dinero en efectivo no «tocaba tablita»; todo lo que ingresaba lo hacían fiesta. Todo se realizaba con gran rapidez; en cuestión de días o semanas, ya estaban listos los decretos, autorizaciones, procesos o subastas”, señala Portillo.
