Durante las últimas horas de este lunes, la justicia chilena decretó prisión preventiva en contra del ex alcalde y otrora militante del Partido Socialista (PS) Miguel Ángel Aguilera, por sus vínculos con diversos casos de corrupción en su mandato en la comuna de San Ramón, en Santiago de Chile.

Luego de una audiencia de formalización que se extendió por 11 horas, la magistrada Mariela Hernández manifestó que Aguilera era “un peligro para la sociedad”, y que sus múltiples vínculos con la corrupción lo sitúan también como un riesgo para “el estado de derecho y la democracia”.

En específico, Aguilera fue formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito desde enero del 2013 hasta septiembre del 2017. Además se le imputó el delito de cohecho entre los años 2014 y 2016, y lavado de dinero entre los meses de febrero del 2013 hasta mayo del 2017.

En la audiencia de formalización el Ministerio Público dio a conocer una serie de transacciones bancarias registradas para demostrar eventuales delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho reiterado.

El responsable de dar a conocer todo esto fue el fiscal Víctor Núñez, integrante de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien sostuvo que “los depósitos en efectivo descritos en las dos cuentas señaladas acumulan un incremento patrimonial injustificado que asciende a 263.818.500 entre enero del año 2013 a septiembre del año 2017”.

Frente a esto, la defensa de Aguilera indicó que las gestiones en efectivo de la exautoridad son parte de la “cultura” del imputado. “El señor Aguilera tiene por costumbre, es su cultura, el poder realizar sus gestiones y toda su disposición de dinero en efectivo”, dijo su abogado, Eduardo Lagos.

Aguilera también había sido vinculado por una investigación periodística con bandas de narcotráfico que lideran el comercio de la droga en el sector sur de Santiago de Chile.

Eventuales vínculos con el narcotráfico

Aguilera fue apuntado el 2017 por tener eventuales vínculos con el narcotráfico.

El exalcalde no solo ha marcado su presencia por estos hechos de corrupción. Al imputado también se le ha indagado por un supuesto vínculo con el narcotráfico de Santiago, lo que provocó que se convirtiera en un personaje “símbolo” de la “narcopolítica” nacional.

En octubre del 2017, el programa Informe Especial reveló una serie de presuntos vínculos de cercanos a Aguilera con el narcotráfico. En ese capítulo se dio a conocer que un narco denominado como “Chino” Pinto, tras cumplir una condena de 5 años, fue contratado en el municipio de para una mantención de una plaza que nunca realizó.

Además, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) informó de escuchas telefónicas que evidenciaban que Pinto se comunicaba desde la cárcel con Roberto Martínez, administrador electoral de Aguilera en 2016, y quien luego se transformaría en su guardaespaldas.

Los polémicos gastos de Aguilera

En la audiencia de formalización la fiscalía aprovechó de dar a conocer una serie de gastos que realizó Aguilera desde el 2013 al 2017. Entre ellos, resaltó un viaje al Mundial de Brasil 2014 junto a su hijo para asistir a presenciar los partidos de la Selección Chilena de Fútbol.

Según la fiscalía, los pasajes para ir a ver el mundial fueron comprados por Daniel García, exfuncionario municipal y otrora jefe de gabinete de Aguilera, y quien realizaba periódicamente altos depósitos a las cuentas bancarias del imputado.

Además, otro hecho que llamó la atención fue una millonaria cena de Año Nuevo entre Aguilera y su esposa, cuya reserva estaba bajo el nombre de la mujer en el Hotel Sheraton, uno de los más exclusivos de Santiago. El valor de esta celebración fue de $1.096.000 (USD 1.444), lo que es considerado un lujo.

Entre otros hechos revelados se resaltó un viaje a Europa para su cuñada y su hija, cuyo costó sobrepasó los 4 millones (USD 5.271).

“El imputado, en su calidad de empleado público y alcalde de la Municipalidad de San Ramón, solicitó y/o aceptó un beneficio económico para sí por haber omitido un acto propio de su cargo, que es ejercer sus facultades generales de fiscalización y supervigilancias internas (…) y velar por la observancia del principio de probidad administrativa dentro del municipio, así como por haber ejecutado los actos y celebrado los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad”, subrayó el Ministerio Público.