La mandataria peruana defendió que las muertes ocurridas en las protestas posteriores al intento de autogolpe de Pedro Castillo se «están investigando» en las instancias judiciales peruanas, pero rechazó que esos sucesos sean considerados una masacre.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, presentó un informe donde se evidencia que estas ejecuciones fueron llevadas a cabo por agentes policiales en zonas como Ayacucho.
Es una dura condena contra el actuar policial del Gobierno de Dina Boluarte durante las manifestaciones acontecidas en Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, especialmente en las regiones sureñas de la nación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó las muertes producidas durante estas protestas de «ejecuciones extrajudiciales» por ser asesinatos arbitrarios cometidos por fuerzas del orden peruanas.
Su investigación se centra en el período que comprende entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 y concretamente en la ciudad de Ayacucho, donde ocho personas fueron asesinadas y 26 heridas por herida de bala mientras intentaban tomarse el aeropuerto local, en medio de una de las protestas más fuertes registradas en esta nación.
El estudio se ha realizado a través de los videos grabados por testigos. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes de la zona contrarios a la toma de poder que había efectuado Dina Boluarte en detrimento de Pedro Castillo días antes, tras lo que la institucionalidad peruana consideró un intento de autogolpe del exmandatario de izquierda.
En su informe, la CIDH añade que esta «masacre» debería ser atendida desde un enfoque «étnico-racial» y afirmó que la reacción del Estado fue desigual según la región donde se dieron las protestas, siendo especialmente virulenta en la zona sur del país.
En el texto también se hace mención de lo vivido en Juliaca, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía. «En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas», afirmó el organismo.
Dina Boluarte rechaza el informe y la bancada conservadora lo cataloga de «sesgado».
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