El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones.
Esta decisión, utilizando un mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada», se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo.
La «muerte cruzada» permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar.
Al hacerlo, sin embargo, también debe llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en seis meses, en las que se arriesga a perder el poder.
De ahí viene el término «muerte cruzada», ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pierden sus atribuciones.
En un mensaje a la nación, Lasso ha anunciado esta medida, contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008, por la «grave conmoción interna y política» que vive el país.
La decisión presidencial se produce después de haber comparecido el martes ante el Parlamento para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de malversación tras dos años de Gobierno en el que no han dejado de sucederse las crisis.
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