En la Lista de Actores Corruptos en Centroamérica, conocida como Lista Engel, también fueron incluidos los responsables del cierre de la Universidad Centroamericana de Nicaragua y tres miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, entre otros.
En concreto, la Administración de Joe Biden sancionó a los fiscales guatemaltecos Leonor Morales, Noé Rivera y Pedro Otto Hernández, así como a la expresidenta de la Corte Suprema Silvia Valdés Quezada, a quienes acusa de «socavar» la democracia.
EE.UU. considera que estas personas han intentado revertir las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo de León y han perseguido a funcionares judiciales que combatían la corrupción en Guatemala. Morales, por ejemplo, dijo en una rueda de prensa que debían quedar anuladas las elecciones.
Estados Unidos acusa además al ministro de Planificación Estratégica de Honduras, Ricardo Salgado, de coordinar a miembros del Partido Libre para «reprimir» e «intimidar violentamente» a los legisladores de la oposición en el Congreso el pasado 31 de octubre, cuando se debatía el nombramiento del nuevo fiscal general.
Salgado ha sido crítico con el Gobierno estadounidense, al que ha acusado de estar conspirando en contra de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El Gobierno estadounidense también incluyó en la Lista Engel a los empresarios hondureños Mohammad Yusuf Amdani Bai y Cristian Adolfo Sánchez, que están vinculados con casos de corrupción.
Asimismo, entraron en el listado la jueza nicaragüense Gloria Saavedra y las funcionarias Maribel Duriez y Ramona Rodríguez por su responsabilidad en el cierre por parte del Gobierno de la Universidad Centroamericana, uno de los centros educativos más prestigiosos de Nicaragua.
La misma jueza autorizó el arresto del obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, una de las voces más críticas contra el Gobierno de Daniel Ortega. También fueron incluidos en la lista el presidente y dos comisionados del instituto de transparencia salvadoreño, Ricardo Gómez, Gerardo Guerrero, y Andrés Rodríguez, por «bloquear deliberadamente e injustamente» el acceso a la información. El Instituto de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha sido acusado por organizaciones de la sociedad civil de fomentar la opacidad sobre el mandato del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, advirtió de que la corrupción y las prácticas antidemocráticas en Centroamérica «generan inestabilidad e impulsan la migración» en el continente.
Por ello, Miller aseguró que Estados Unidos trabaja para promover «las normas democráticas» en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua e hizo un llamamiento a sus gobiernos para que pongan «fin a la corrupción».
La Lista Engel, llamada así por el congresista demócrata Eliot Engel que la promovió en 2019, es elaborada por el Departamento de Estado e implica la imposición de sanciones para las personas que son incluidas en ella.
(DW.com)
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