Una mujer en Texas (EE.UU.), con 20 semanas de embarazo, logró la autorización de una corte para abortar, dado que el feto fue diagnosticado con una anomalía genética, lo que pone en riesgo su fertilidad y su vida. Kate Cox, de 31 años y madre de dos niños, es la primera en ese estado en recurrir a un juez después de que el Supremo de Estados Unidos eliminara en 2022 el derecho a terminar con el embarazo. Tras la decisión judicial, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, amenazó con procesar civil y penalmente a cualquier médico o profesional que le realice ese procedimiento a Cox.
Con su propia vida en riesgo, en la semana 20 de embarazo y después de haber acudido a emergencias en tres ocasiones por abundante sangrado y otros fluidos en el último mes, Kate Cox recurrió a los tribunales distritales del condado de Travis (Texas, EE. UU.) el martes 5 de diciembre para obtener una autorización de aborto.
Tras haber tenido a sus dos hijos mediante cesárea, en el tercer embarazo de Kate, el feto fue diagnosticado con una anomalía genética, denominada trisomía 18, que puede provocar un aborto, la muerte fetal o su fallecimiento al poco tiempo de haber nacido. La salud de Cox también corre peligro, pues en caso de que el corazón del feto se detenga, la labor de parto inducida conduciría a un alto riesgo de ruptura uterina, dadas sus dos cesáreas previas.
“La idea de que la señora [Kate] Cox desea desesperadamente ser madre y que esta ley podría hacer que pierda esa capacidad, es impactante y sería un error judicial [no conceder su solicitud]. Así que firmaré el pedido que será procesado y enviado hoy”, dijo la jueza Maya Guerra Gamble del Distrito 459 del condado de Travis.
Luego de que la jueza concediera el jueves 7 de diciembre la autorización de la interrupción del embarazo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, emitió un comunicado en el que expresaba que la medida cautelar para Cox no protegía al personal profesional implicado en el procedimiento, por lo que, en caso de brindar este servicio, médicos y hospitales serían vinculados a procesos civiles e incluso penales.
La jueza sostiene que el caso de Kate Cox clasifica dentro de las excepciones previstas en la ley de prohibición del aborto, que establece ambiguamente que los médicos pueden llevar a cabo procedimientos de interrupción de embarazo cuando exista un riesgo sustancial de daño a la mujer.
Cox ha subrayado que, a pesar de que los profesionales que dan seguimiento a su embarazo consideraban que un aborto era médicamente indispensable para ella, no estaban dispuestos a practicarle el procedimiento hasta tener una orden emitida por un juez.
El caso de Cox ante la Justicia es el primero en su tipo desde que el Supremo de EE. UU. eliminara en 2022 el derecho a terminar con el embarazo.
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