El Salvador se prepara para un nuevo Gobierno de Nayib Bukele, quien cosechó una aplastante victoria frente a los candidatos de la oposición el domingo, asegurándose así el mandato en el período 2024-2029, en la que supone la primera reelección presidencial desde que el país centroamericano dejó una dictadura militar y a pesar de la prohibición constitucional.
Tras una jornada marcada por el rompimiento del silencio electoral por Bukele, señalamientos de irregularidades, el fallo en la transmisión de datos y agresiones contra la prensa, el mandatario deberá esperar hasta 1 de junio próximo para retomar el poder, al menos oficialmente.
El Congreso, de amplía mayoría oficialista, le dio una licencia de seis meses que termina el 30 de mayo, mientras que sus funciones de gobernante las ha asumido la encargada del despacho presidencial.
Después de una conferencia y un discurso en el que se autoproclamó ganador, Bukele no ha dicho más que a El Salvador le sigue una etapa de «prosperidad» tras arrancar el cáncer de las pandillas.
Se desconoce si hará ajustes en su gabinete o lanzará alguna nueva política en la brevedad.
Sin decir si buscaría o no un tercer mandato, Bukele sostuvo el domingo que El Salvador no necesita una reforma constitucional que incluya la reelección indefinida.
La oleada electoral deja a la oposición sin espacios.
De acuerdo con Bukele, de 42 años y empresario de la publicidad, sus cuentas apuntan a que además de tener un porcentaje de votos, aún sin confirmar, del 85 %, el partido Nuevas Ideas (NI) tendría al menos 58 de 60 diputados.
Nuevamente, como en 2021, supera la supermayoría de legisladores. Esto le permite al partido oficial elegir a magistrados de la Corte Suprema, fiscal general, procurador de Derechos Humanos, magistrados de la Corte de Cuentas, procurador general y comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.
En el Congreso actual, que está formado por 84 diputados, la oposición tiene un 20 % de los escaños y en la nueva legislatura, que será de 60 tras una reforma promovida por Bukele, tendría el 3 %.
En El Salvador, el consenso entre analistas, críticos, académicos y activistas es que Bukele impone sus decisiones sobre los órganos Legislativo y Judicial, lo que se extendería por 5 años más.