El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha anunciado el inicio de una investigación especial sobre el manejo de los fondos destinados a las elecciones primarias celebradas el domingo 9 de marzo de 2025.
«En caso de detectarse irregularidades, se procederá a deducir responsabilidades civiles y administrativas, y si se hallan indicios de responsabilidad penal, el informe correspondiente será remitido al Ministerio Público».
Esta medida responde a su mandato constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y a las denuncias públicas realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre irregularidades en la entrega y traslado del material electoral.
Según el comunicado del TSC, las fallas en la distribución del material impidieron la instalación de un significativo número de Juntas Receptoras de Votos (JRV) en municipios clave del Distrito Central y San Pedro Sula, afectando el derecho al sufragio de numerosos ciudadanos.
Ante esta situación, el ente fiscalizador ha decidido verificar posibles incumplimientos en los controles internos que permitieron la salida del material electoral desde las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) sin la debida custodia de las Fuerzas Armadas.
Para llevar a cabo esta investigación especial, el TSC conformará un equipo élite encargado de realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer las denuncias. Entre las principales líneas de investigación, se encuentran la revisión de los contratos celebrados para el proceso electoral y la evaluación de la gestión de las entidades responsables.
El TSC también verificará la eficiencia y eficacia en el uso de los fondos públicos asignados a las elecciones. En caso de detectarse irregularidades, se procederá a deducir responsabilidades civiles y administrativas, y si se hallan indicios de responsabilidad penal, el informe correspondiente será remitido al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal.
Como ente rector del sistema de control de los recursos públicos, el TSC considera este un tema de seguridad nacional y reitera su compromiso de garantizar el buen uso del patrimonio del Estado, el fortalecimiento de la democracia y el respeto del derecho ciudadano al sufragio.
Asimismo, reconoce el papel del Ministerio Público en la persecución de delitos electorales y ha manifestado su disposición para coordinar esfuerzos y obtener mejores resultados en la determinación de responsabilidades.
Finalmente, el TSC hace un llamado a las instituciones involucradas y a la población en general a colaborar con este proceso de fiscalización, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones democráticas del país.
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