Activistas pro-aborto que apoyan el acceso legal al procedimiento clínico protestan frente a la Corte Suprema de EEUU, en Washington, en 2019© AFP/Archivos SAUL LOEB
Una ley que prohíbe el aborto después de seis semanas de gestación sin excepciones por violación o incesto entró en vigor este miércoles en el estado de Texas, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos renunció a pronunciarse ante una solicitud de emergencia para frenarla.
El presidente demócrata Joe Biden prometió defender el derecho constitucional de las estadounidenses al aborto y denunció una ley “radical” que prohíbe la interrupción del embarazo antes de que muchas mujeres sepan que están en estado.
La norma más restrictiva sobre el aborto en el país, sin excepciones por violación o incesto, entró en vigor en la medianoche, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declinó pronunciarse ante una solicitud de emergencia para frenarla.
La ley, promulgada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe el aborto una vez que se puede detectar un latido fetal, lo cual suele darse alrededor de la sexta semana de embarazo.
Si bien ya se han aprobado prohibiciones similares en una docena de estados, hasta ahora todos habían sido bloqueados en los tribunales para que no entraran en vigor.
Sin embargo, la Corte Suprema aún puede aceptar la solicitud de emergencia de grupos de derechos humanos y civiles como la asociación Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Planned Parenthood (Planificación familiar), el Centro de Derechos Reproductivos, así como proveedores de servicios de aborto, para detener el llamado “proyecto de ley del latido del corazón”.
El gobierno federal no demoró en reaccionar ante el anuncio.
“Esta ley radical de Texas viola descaradamente el derecho constitucional establecido en el Roe v. Wade y mantenido como precedente durante casi medio siglo”, señaló Biden, citado en un comunicado, refiriéndose al histórico fallo de la Corte Suprema de 1973 que estableció el derecho al aborto en Estados Unidos.
“Protegeremos y defenderemos” este derecho, subrayó el gobernante, para luego deplorar una norma que va “a complicar enormemente el acceso de las mujeres a los servicios de salud que necesitan, especialmente en comunidades de color o de menores recursos”.
Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que el hecho de que la Corte Suprema no interviniera ha “provocado una catástrofe para las mujeres en Texas”.
“Esta ley radical es un esfuerzo total para borrar los derechos y protecciones de la Roe v. Wade”, alertó.
La ACLU denunció una norma “descaradamente inconstitucional”.
“Aproximadamente, entre el 85 y el 90% de las personas que se someten a un aborto en Texas tiene al menos seis semanas de embarazo, lo que significa que esta ley prohibiría casi todos los abortos en el estado”, protestó la organización.
Los otros estados que han tratado de promulgar restricciones sobre el aborto en las primeras etapas del embarazo no han podido hacerlo por el fallo de Roe v. Wade.
Esa decisión permitió el aborto mientras el feto no sea viable, lo que suele ocurrir hacia las semanas 22 a 24 de embarazo.
La ley de Texas es diferente porque permite a los ciudadanos, en lugar de a los funcionarios estatales como los fiscales o los departamentos de salud, hacer cumplir la prohibición.
Esta iniciativa “crea un esquema de caza de recompensas que alienta al público en general a entablar demandas contra cualquiera que crea que ha violado la prohibición”, indicó la ACLU.
“Cualquiera que demande con éxito a un trabajador de un centro de salud, un proveedor de servicios de aborto o cualquier persona que ayude a alguien a acceder a un aborto después de seis semanas será recompensado con al menos 10.000 dólares, pagados por la persona demandada”, explicó.
Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, sostuvo que el proyecto de ley de Texas obligaría a las mujeres a “viajar fuera del estado, en medio de una pandemia, para recibir atención médica garantizada constitucionalmente”.
La presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, puntualizó que se le pide a la Corte Suprema “que mantenga 50 años de precedentes y se asegure de que a los tejanos no se les niegue su derecho constitucional al aborto”.
La Corte Suprema debe ocuparse en las próximas semanas de un caso que se refiere a una ley del estado de Misisipi que prohíbe los abortos después de la semana 15 de embarazo, excepto en casos de emergencia médica o una anomalía fetal grave.
Será el primer caso sobre aborto considerado por el máximo tribunal de la nación desde que el expresidente republicano Donald Trump consolidó una mayoría conservadora de 6 a 3 en el panel de nueve miembros.
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