La llegada de una nueva Fuerza de Tarea al Aguán, con el objetivo de controlar la creciente inseguridad en la región tras el asesinato del ambientalista Juan López es recibida con escepticismo por los expertos.
El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, anunció que a partir del 17 de septiembre de 2024 se desplegará una nueva Fuerza de Tarea policial en la región del Aguán.
Esta zona está marcada por la violencia y los conflictos agrarios. Quienes conocen al dedillo el escenario complejo del Aguán ven esta iniciativa como una acción recurrente y con escasos resultados tangibles.
José Ramón Ávila, director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), asegura que estas medidas «son poco efectivas» y que el Estado de Honduras no logró dar una respuesta adecuada a la crisis de seguridad.
Desde 2009, cuando se implementó la Fuerza de Tarea Xatruch (un grupo combinado de policías y militares para frenar la violencia en El Aguán), no se resolvió la criminalización de defensores de derechos humanos y campesinos, ni se frenó la expansión de grupos ligados al narcotráfico y el crimen organizado.
«Esta medida refleja la negligencia evidente del Estado de Honduras», lamenta Ávila. Y agrega que «no han podido proteger ni a Juan López ni a otros ambientalistas que han sido asesinados en los últimos años».
Esto demuestra según el director de Asonog, «la falta de capacidad de respuesta del gobierno, la ausencia de una planificación adecuada y la corrupción en los entes de justicia», añade.
El abogado y defensor de derechos humanos, Víctor Fernández, también criticó la efectividad de la Fuerza de Tarea.
En una entrevista con tunota.com, señaló que este tipo de iniciativas se repiten tras cada episodio de violencia, pero no producen resultados duraderos.
«En Colón, esta región siempre ha estado bajo operaciones permanentes, no solo de la Policía, sino también del Ejército», explica Fernández.
«Mi valoración es crítica, porque mientras estas acciones no generen resultados concretos, siguen siendo parte del mismo ciclo. La Policía y las Fuerzas Armadas saben perfectamente cómo opera esta violencia en el Bajo Aguán», señala.
Fernández asegura que la población local conoce a los responsables de la violencia en la zona, al igual que lo saben quiénes denuncian en nombre de las organizaciones sociales.
«Es un problema estructural que no se resuelve con más presencia militar o policial. Solo genera presión mediática y luego desaparece sin ningún cambio real», advierte.
El mayor desafío para la Policía y el Estado es evitar que esta nueva Fuerza de Tarea termine coludida con los actores económicos vinculados al narcotráfico, dicen expertos.
Ambos expertos coinciden en que, además de la violencia directa, existe una violencia estructural que sigue operando.
«Es fundamental reconocer que muchos de los agentes del Estado que participan en estas operaciones terminan siendo parte del problema. Ya sea por acción, omisión o corrupción, se vuelven cómplices de la violencia que intentan combatir», afirma Fernández.
El mayor desafío para la Policía y el Estado es evitar que esta nueva Fuerza de Tarea termine coludida con los actores económicos vinculados al narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
«Si eso ocurre, estaremos viendo una repetición de lo mismo: una burla a la seguridad y la perpetuación de la violencia en la región», concluyen Víctor Fernández.
