Desde la semana pasada, los manifestantes cortaron el acceso a las principales zonas del país para exigir la salida del cargo de la fiscal general, Consuelo Porras; de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, líderes de la investigación contra el partido Semilla, y del juez Fredy Orellana, bajo cuyas órdenes se allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral en busca de presuntas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales.
Pero lejos de dimitir, Porras calificó de «ilegales» las movilizaciones en su contra y pidió a la administración del presidente Alejandro Giammattei que despejaran las vías bloqueadas para permitir la libre circulación de las personas.
Esa postura ha provocado que las protestas escalen aún más: el Frente de Mercados Unidos, una organización que aglutina 53 mercados en Guatemala, tomó la decisión de cerrar sus principales comercios del país. El resultado es un desabastecimiento de alimentos no solo en la capital de Guatemala sino en el resto de departamentos.
“Pedimos como comerciantes, que somos más de 125.000 personas en esta Ciudad de Guatemala, que renuncien (los funcionarios), porque si no nosotros cerramos indefinidamente. Ningún comercial ni ninguna tienda de conveniencia abrirá. porque así lo impediremos cada uno de nosotros”, advirtió Julio Rivas, portavoz de Mercados Unidos de Guatemala.
Pero no todos están a favor de paralizar el área productiva del país: desde Chiquimula, en el oriente de Guatemala, un grupo de empresarios buscó negociar con los manifestantes el paso de los productos.
“Hay personas del gremio lechero que se levantan temprano y ya no hallan qué hacer con su leche. Nosotros los engordadores también tenemos problemas de desabastecimiento. ¿Cómo le damos de comer al ganado? El alimento no se puede quitar”, dijo el representante de los ganaderos de Chiquimula a los medios locales.
Fuente: La voz de America