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Las protestas en el norte y otras regiones del país por el caso Koriun Inversiones están generando serias pérdidas económicas y efectos sociales, además de perjudicar la imagen de Honduras como destino de inversión, advirtió este martes Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Según Herrera, los bloqueos en las principales vías del norte del país, especialmente en las cercanías del puerto de Puerto Cortés, están provocando pérdidas diarias de hasta 880 millones de lempiras, equivalentes a 33.8 millones de dólares, debido a la paralización del flujo comercial.
Recordó que por esa zona circulan a diario en promedio 846 camiones, que transportan mercancías no solo nacionales, sino también procedentes de El Salvador y Nicaragua con destino al puerto.
«Más del 30% del PIB industrial y más del 40% del PIB de servicios se concentra en esa región. Además, más de 300,000 hondureños se movilizan diariamente para trabajar o realizar sus actividades», precisó el funcionario a un noticiero capitalino.
Además, el gerente de política económica del Cohep señaló que las pérdidas económicas por las protestas no son exclusivas para los manifestantes que reclaman por el caso Koriun, sino también para las empresas, trabajadores y ciudadanos que transitan por esa vía clave del país.
«Esto va más allá de una protesta puntual. Afecta a toda la cadena productiva y al comercio regional», afirmó Herrera.
El representante empresarial también advirtió que las constantes tomas de carretera generan incertidumbre entre los inversionistas, deterioran la imagen de Honduras como destino económico confiable y disminuyen la competitividad del país en la región centroamericana.
«Cada vez que se bloquea una vía estratégica, se ahuyenta la inversión extranjera y se obstaculiza el desarrollo económico», agregó.
Herrera instó a la institucionalidad hondureña, incluyendo a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y al Ministerio Público (MP), entre las instancias involucradas, a buscar una solución legal y definitiva.
«Hasta ahora no se sabe con certeza qué se ha hecho. Las semanas pasan, la crisis se profundiza y no hay respuestas concretas. Eso es preocupante», expresó.
Si bien reconoció el derecho de los afectados a protestar, subrayó que debe hacerse en el marco de la ley, sin afectar los derechos del resto de la población.
Asimismo, reiteró que cualquier compensación financiera para los afectados debe provenir de la liquidación de los activos de Koriun, no de fondos públicos, ya que no existe sustento legal para ello.
«Nos solidarizamos con quienes han perdido su dinero, pero no puede justificarse que el resto de los hondureños pague por ello con recursos del Estado», concluyó.
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