Si bien el gobierno sandinista ha sido acusado de “perseguir y asediar” a la Iglesia católica, prohibiendo sus procesiones y desterrando a sacerdotes y monjas, también los evangélicos están sufriendo “hostigamiento y acoso”, señaló el informe titulado “Cierre del espacio cívico” y elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Según el estudio, el gobierno de Ortega ha clausurado o disuelto 342 organizaciones religiosas, de las cuales 256 eran asociaciones evangélicas, 43 católicas y otras 43 vinculadas a otras iglesias.
Varios líderes evangélicos han sido identificados como afines al gobierno sandinista y se abstuvieron de criticar la represión policial de las protestas de 2018. Varios obispos católicos sí cuestionaron de frente al gobierno y uno de ellos, monseñor Rolando Álvarez, está preso actualmente, pagando una condena de 26 años de cárcel por “traición a la patria”.
La abogada Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos, dijo a The Associated Press que “en Nicaragua la iglesia está perseguida”, pero en el caso de los evangélicos existe una “persecución más silenciosa”, porque —indicó— una parte del liderazgo aún apoya al gobierno y otros evitan denunciarla por miedo a represalias.
“El gobierno ha venido cerrando poco a poco esas asociaciones evangélicas, les ha quitado los permisos para existir legalmente en el país y recibir fondos del exterior”, indicó. Destacó que de las 256 clausuradas, la mayor parte (183) fueron cerradas en 2022.
Al igual que en el caso de las 3.552 ONG de distinto tipo disueltas en todo el país, a las asociaciones evangélicas “les han cerrado cuentas bancarias y les han confiscado propiedades”, añadió Flores.
Sin embargo, la actividad religiosa de estos grupos todavía se mantiene y aún se realizan cultos en distintas ciudades del país.
La gran mayoría de la población nicaragüense es creyente y profesa alguna religión. Según datos recientes, un 45 % se identifica con la Iglesia católica y otro porcentaje igual con la evangélica o protestante, que tiene mayor arraigo en el interior del país y en zonas rurales.
De acuerdo al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que tiene su sede en Costa Rica, entre 2019 y 2023 la Iglesia católica sufrió 1.200 casos de agresiones. En ese período, decenas de monjas y sacerdotes fueron expulsados del país y 12 religiosos fueron encarcelados y condenados a penas de 8 a 30 años de prisión, incluyendo el obispo Álvarez, que continúa preso.