Organizaciones feministas han exigido justicia efectiva para las sobrevivientes de violencia sexual en Honduras, donde el 76 % de las víctimas son niñas, en el 77 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima o una persona que ella conoce y más del 90 % continúan impunes debido a la lentitud de las investigaciones.
En la inauguración de un foro sobre violencia sexual en Tegucigalpa, la coordinadora del programa Fortaleciendo el Derecho a Decidir del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Regina Fonseca, ha dicho a EFE que el Estado de Honduras «sigue en deuda» con las mujeres, que representan el 52 % de los casi 10 millones de habitantes.
«El Estado nos debe mucho, durante años nos ha debido mucho y sigue debiéndonos, porque no hay acciones de prevención sostenida, de atención sostenida y de sanción para las sobrevivientes de cualquier forma de violencia, especialmente para la violencia sexual», ha subrayado Fonseca.
Entre 2019 y 2023, Honduras registró alrededor de 11.813 casos de violencia sexual, siendo el 89 % de las víctimas mujeres y niñas, y el 10 % hombres, mientras que del restante 1 % no se disponen datos, según informó el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Fonseca ha indicado que el 94 % de estos casos continúan impunes, lo que significa que «cualquier agresor se puede sentir seguro de que no va a pisar una cárcel» al abusar sexualmente de una mujer o niña.
La activista ha lamentado que muchos de estos abusos ocurran en el hogar, cometidos por familiares, conocidos o amigos de la víctima, y ha abogado por protocolos para atender a las sobrevivientes.
En Honduras hay «falta de voluntad política, falta de interés, falta de reconocimiento, de miopía de género o ceguera de género» para prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, ha enfatizado la feminista del CDM.
Niñas son víctimas en el 76 % de las agresiones sexuales
La directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Ayestas, ha dicho a EFE que el 76 % de las víctimas de violencia sexual son niñas y ha instado a las autoridades a atender a las sobrevivientes y a mejorar la formación de los operadores de justicia para que las investigaciones «sean prontas y expeditas», y garanticen una justicia efectiva.
En relación a los agresores, el 77 % pertenecen al entorno de la víctima, ha indicado Ayestas, quien ha urgido a las autoridades a atender a las víctimas, judicializar los casos, «reparar, resarcir y prevenir» nuevos abusos.
Ha agregado que la mejor manera de luchar contra cualquier forma de violencia es la prevención, por lo que considera necesario concienciar a toda la población sobre esta problemática y garantizar la judicialización de los casos para «evitar la impunidad».
Ayestas ha exhortado al Estado de Honduras a garantizar una «justicia justa, pronta y expedita», atender a cada sobreviviente de abusos sexuales y prevenir todo tipo de violencia contra mujeres y niñas, de lo contrario los casos continuarán aumentando.
Por su parte, Erika García, del Programa Autonomía de Mujeres Jóvenes del CDM, ha exigido al Estado hondureño aplicar el Protocolo de Atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que se aprobó en 2022, garantizar a las sobrevivientes el acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y aprobar la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres.
«Es una situación que urge porque todos los días 2 mujeres o niñas denuncian violencia sexual y no existe una atención que sea realmente integral basada en ese protocolo de atención», ha dicho García en declaraciones a EFE.
Las autoridades deben «tomar en serio» la prevención integral y la atención de la violencia contra las mujeres de Honduras, ha subrayado García, tras cuestionar la falta de acción de los funcionarios y la sociedad frente a esta problemática.
-Con redacción de EFE
