Fiscales de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó requerimientos fiscales en tres casos distintos en los que se cometieron actos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos.
Las acciones legales son en contra de exfuncionarios tanto de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y empresarios extranjeros acusados de defraudar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El primer requerimiento fiscal es por violación de los deberes de los funcionarios contra el exdirector de la OABI, Jorge Alberto Gonzales Salinas, y los exfuncionarios Alan Orlando Carranza Stevez, Enoc Eusebio Reyes Ortega y Javier Enrique Caballero Velásquez.
Específicamente se les acusa de gestionar ilegalmente la devolución de una vivienda en Merendón Hills, cuatro vehículos y una empresa, bienes incautados durante el operativo “Magnate” en marzo del 2022 en San Pedro Sula, Cortés.
El segundo requerimiento fiscal es contra Julio César Maldonado Hernández, representante de una constructora acusado por los delitos de fraude y lavado de activos, José Rubén Álvarez, presidente de una cooperativa señalado por fraude, Raúl Antonio Herrera Rodríguez y Tania Sagastume Bulnes exfuncionarios de Banadesa por violación de los deberes de los funcionarios.
La acusación en su contra es supuestamente por el uso fraudulento de un fideicomiso creado en 2016 para construir el mercado “Las Acacias” en Juticalpa, Olancho, obra que nunca se ejecutó. El perjuicio a Banadesa fue de 2.8 millones de lempiras, usados para gastos personales y transferencias a terceros.
Es de mencionar que se giraron órdenes de captura, por lo que agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), les dieron detención a Raúl Antonio Herrera Rodríguez y Tania Sagastume Bulnes, ambos exfuncionarios de Banadesa acusados por violación de los deberes de los funcionarios.
A los dos capturados los remitieron al Juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.
El tercer requerimiento fiscal, con orden de captura internacional, es contra los guatemaltecos Pablo Andrés Barillas Rascón y Marisol Figueroa López de Barillas, por suponerlos responsable de lavado de activos. Se les acusa de sustraer ilícitamente 9.7 millones de lempiras del IHSS mediante empresas fachada entre 2010 y 2014 que no tenían ninguna relación contractual con la institución.
Con apoyo de la ATIC y la Policía Militar del Orden Público, el MP aseguró en Tegucigalpa dos sociedades mercantiles y cuatro cuentas bancarias utilizadas para mover los fondos ilícitos.
