El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), logró obtener un auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el exfuncionario de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Rubí.
Al exministro hondureño se le supone responsable de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por el caso “compra irregular de ventiladores mecánicos”.
Por esto, Rubí guardará prisión en el centro penitenciario Marco Aurelio Soto, ubicado en Támara, Francisco Morazán. “Rubí, junto a otro grupo de exfuncionarios son acusados por fiscales anticorrupción de cometer un perjuicio a la población hondureña por más de sesenta y tres millones de lempiras, mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de COVID-19 debido a que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso”, informó el Ministerio Público.
Según los reportes que maneja el Ministerio Público, estas personas habrían manipulado el proceso de adquisición, además habrían realizado transferencias bancarias sin la debida documentación soporte y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente.
Por este caso de corrupción ocurrido en la pandemia del COVID-19, también se acusan a otros funcionarios que fungieron funciones importantes durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en Nueva York por acusaciones de narcotráfico por autoridades eatdounidenses.
Los otros acusados son: Lisandro Rosales, excanciller de la República; Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría. Mientras que, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, están con prisión preventiva por esta misma causa.
Además, fiscales de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en audiencia de declaración de imputados lograron la detención judicial contra Rubí Paredes por el caso “compra sobrevalorada de percoladoras y otros artículos”.
En esta causa, es acusado también de suponerlo responsable de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. La audiencia inicial quedó señalada para el jueves 17 de octubre a las 9:30 am.
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