Gobierno refuerza la Estrategia «Cero Deforestación al 2029»

El gobierno de Honduras reforzó la Estrategia «Cero Deforestación al 2029» con Monitoreo Satelital y Operativos en 29 Áreas Protegidas priorizadas por daños al ecosistema existente, en un compromiso de la Presidenta de la República para detener estos delitos y recuperar las áreas boscosas.

A través de la “Estrategia Cero Deforestación al 2029”, el Gobierno de la República ha logrado resultados contundentes en la liberación y protección de reservas naturales mediante operativos en 29 áreas protegidas, que han sido intervenidas con alta prioridad con base en alertas de deforestación detectadas satelitalmente.

Actualmente, el monitoreo es continuo, empleando tecnología satelital GLAD, que permite al Estado detectar alertas tempranas de deforestación para activar operativos de control, patrullajes y monitoreos en las áreas afectadas.

Entre enero y octubre del 2024, se han registrado 60,414 alertas de deforestación a nivel nacional. De estas, el 20% corresponde a actividades autorizadas de manejo forestal, mientras que el 80% se concentra en áreas protegidas, designadas por ley para la conservación absoluta como hábitats esenciales para la vida silvestre.

La Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental (FTIA) da prioridad de intervención a las áreas protegidas más afectadas, logrando hasta la fecha un registro de 3,169 alertas que superan una hectárea.

Estas intervenciones están lideradas por la Comisión Cero Deforestación al 2029, que ha ejecutado hasta la fecha 550 acciones de intervención distribuidas en 178 operativos, 182 inspecciones de campo y 187 patrullajes.

Las intervenciones incluyen neutralización de actividades ilícitas, desalojo de asentamientos, decomiso de madera en tránsito e industrias forestales, y suspensión directa de la deforestación en los sitios afectados.

Los operativos continuarán con el apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público, el ICF, SERNA y otras instituciones gubernamentales que colaboran en el campo y en la detección de alertas mediante sistemas satelitales de georreferenciación.