Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, dijo Lasso en una intervención televisada.

La Constitución del país consagra la llamada “muerte cruzada”, que permite a un mandatario ecuatoriano convocar elecciones tanto para su puesto como para la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la Legislatura bloquean el funcionamiento del Gobierno.

Lasso ahora permanecerá en el cargo, gobernando por decreto, mientras las autoridades electorales nacionales fijan la fecha de los comicios.

El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.

Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución de la Asamblea sería inconstitucional y que se negarían a cumplirla.