El juicio penal contra el hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno y el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, acusado de sobornos y lavado de activos, se reprogramó para el 7 de abril del 2025.
La jueza Jacqueline Becerra, de la Corte del Distrito Sur de Florida, estableció la nueva fecha, retrasando el proceso inicialmente fijado para el 1 de abril del 2025.
El juicio se celebrará en la Sala 11-4 del Palacio de Justicia Wilkie D. Ferguson, a partir de las 9:00 am.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, entre marzo del 2015 y noviembre del 2019, Carl Alan Zaglin, empresario del sector de fabricación de uniformes, habría sobornado a Francisco Cosenza y otros funcionarios hondureños.
Los sobornos, que superaron los $10 millones, tenían como objetivo asegurar contratos millonarios con la Tasa de Seguridad de Honduras.
A cambio, Cosenza y otros funcionarios facilitaron la obtención de contratos para suministrar uniformes y artículos a la Policía Nacional, además de garantizar el pago de los mismos.
Francisco Cosenza el día que lo extraditaron a Estados Unidos.
Operación de lavado de dinero.
Para ocultar las transacciones ilícitas, los acusados utilizaron cuentas bancarias y empresas pantalla en Estados Unidos y Belice.
De esa forma, asegura la Fiscalía, lograron blanquear las ganancias derivadas del esquema de corrupción.
Se estima que más de $166,000 fueron transferidos a cuentas controladas por Cosenza y otros funcionarios.
Carl Alan Zaglin, quien pagó una fianza de $1.1 millones para enfrentar el juicio en libertad, se señala por ser cerebro en esta trama.
Mientras tanto, Cosenza permanece en arresto domiciliario tras una orden emitida por el juez Jonathan Goodman en julio del 2024.
Francisco Cosenza asistió a su primera audiencia el 5 de abril del 2024, y los cargos se los presentaron formalmente el 9 de abril.
Durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), Cosenza fungió como director ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Ahora enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de activos y transacciones derivadas de actos criminales, relacionados con su gestión en la Tasa de Seguridad.
