NUEVA YORK (EFE). El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado el miércoles a 45 años de cárcel y 5 de libertad vigilada por el delito principal de narcotráfico, es el último de una larga serie de dirigentes políticos latinoamericanos que acaban sus días en un tribunal o una cárcel de EE. UU. -o juzgados en su país tras ser extraditados por Estados Unidos- por delitos relacionados con las drogas o la corrupción.
El primer latinoamericano de alto nivel juzgado en EE. UU. fue Manuel Antonio Noriega -dictador de Panamá entre 1983 y 1989-, que en 1992 fue condenado a 40 años de cárcel, y tras él vinieron exgobernantes de México, Guatemala, Honduras o Venezuela.
En esta lista no figuran los numerosos ‘capos’ civiles, sin responsabilidades políticas, que también terminaron juzgados en ese país norteamericano, como el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán o el colombiano Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, por citar a los más conocidos.
Panamá
– Manuel Antonio Noriega, militar y “hombre fuerte” de Panamá entre 1983 y 1989. Fue juzgado en Miami y condenado a 40 años, de los que pasó 17 en una prisión de Florida, y posteriormente completó su condena en Francia y en su país.
– Ricardo Martinelli, expresidente de la República (2009-2014) fue detenido en EE. UU. y extraditado a Panamá en 2017 donde ingresó en prisión. Enjuiciado y declarado “no culpable” en 2019 por el caso ‘Escuchas’, la sentencia se anuló al año siguiente y se ordenó repetir el juicio en 2021 tras el cual resultó absuelto.
En 2023 fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión y una multa de 19.2 millones de dólares por el caso ‘New Business’. Al año siguiente, tras ser declarada en firme la condena, se refugió en la embajada de Nicaragua, país que le concedió asilo, si bien un tribunal panameño ordenó su detención preventiva.
Los hijos del anterior, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, fueron condenados en mayo de 2022 en EE. UU. a tres años de prisión y dos de libertad vigilada, así como a una multa de 250,000 dólares después de que en diciembre anterior se declararan culpables ante un tribunal de Nueva York por el blanqueo de 28 millones de dólares en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.
Ambos alcanzaron un pacto con el Gobierno estadounidense para el pago de 19 millones de dólares. Quedaron en libertad por buena conducta el 25 de enero de 2023 y ese mismo día fueron deportados a Panamá.
