Las muertes violentas de mujeres en Honduras han registrado un alarmante repunte en 2025, con al menos 109 casos contabilizados hasta la fecha, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH).
Esta cifra refleja una preocupante continuidad en los patrones de criminalidad contra mujeres y niñas, pese a las acciones preventivas impulsadas por el Estado.
Migdonia Ayestas, directora del ONV-UNAH, advirtió que estos crímenes se caracterizan por niveles extremos de odio y ensañamiento. “El desprecio, el dejarlas en espacios públicos, el darles múltiples heridas —entre 20 y 80 disparos o lesiones con armas blancas— evidencian esa saña con que se les está quitando la vida”, señaló en entrevista con el noticiero Hoy Mismo.
A su juicio, esta violencia va más allá del odio y constituye una grave vulneración de los derechos y de la dignidad de las mujeres.
De acuerdo con el informe del Observatorio, los departamentos con mayor incidencia de estos crímenes son Francisco Morazán, con 18 casos; Cortés, con 16; Olancho, con 15; y Comayagua, con ocho.
En el ámbito municipal, el Distrito Central encabeza la lista, seguido por Catacamas y Choluteca. La brutalidad de los asesinatos, sostuvo Ayestas, pone en evidencia una crisis de violencia de género que exige respuestas inmediatas y contundentes.
Contrario a esta tendencia, las cifras generales de homicidios en el país muestran una reducción significativa. Entre enero y mayo de 2025 se reportaron 901 homicidios, un 21 % menos que los 1,147 registrados en el mismo período de 2021, según datos de la Secretaría de Seguridad.
Las autoridades atribuyen esta baja a medidas como el estado de excepción, la Línea 114, el Plan Candado y la implementación del «Chatbot María», una herramienta digital creada para brindar apoyo y protección a mujeres en situación de riesgo.
Sin embargo, desde el ONV-UNAH se advierte que, a pesar de la reducción en los homicidios generales, la violencia específica contra mujeres sigue representando una grave amenaza a la seguridad y los derechos humanos en el país.
En ese sentido, la organización hace un llamado urgente a fortalecer las políticas públicas, garantizar una respuesta efectiva del sistema de justicia y erradicar la impunidad en estos casos.
