El gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro firmó en diciembre del año pasado con la ONU un memorándum de entendimiento para instalar la misión anticorrupción que fue ampliado en junio por seis meses y que vence el 15 de diciembre.
«Habrá que extender nuevamente el plazo porque efectivamente las negociaciones han tomado un curso más lento de lo que esperábamos. Ampliamos el memorado o se firma uno nuevo» dijo el funcionario a periodistas locales.
El funcionario sugirió que el avance de las negociaciones ha sido frenado por una parálisis legislativa desde hace más de tres meses en el Congreso, debido a diferencias entre diputados oficialistas y de oposición sobre la elección de un nuevo fiscal general y un adjunto.
«Obviamente nos preocupa el obstáculo que le representa a este proceso, también la parálisis legislativa», comentó.
La crisis en el Congreso se agravó el 1 de noviembre cuando una comisión permanente integrada por nueve legisladores oficialistas designó un nuevo fiscal general y uno adjunto, alegando que el cargo estaba en vacancia y obviando que la Constitución dice que deben ser electos por 86 diputados.
El cargo de fiscal era ocupado por un funcionario y la oposición -que es mayoría en el Congreso con 78 escaños de 128- asegura que se violó normas constitucionales y que el gobierno de Castro pretende ampliar su poder político controlando el Ministerio Público.
«Hay leyes que si no se derogan no es que impedirán el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Honduras (CICIH), pero lo harán más complejo», dijo Pastor.