Honduras cumplirá la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en el 2012, luego de que emitieran fallos contrarios a proyectos, informó este lunes una fuente oficial.
La Procuraduría General de la República (PGR) de Honduras indicó en un comunicado que «coordinará las acciones» con las diferentes instituciones del país para «el cumplimiento efectivo de la sentencia» de la CorteIDH.
El tribunal internacional emitió hoy una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la «destitución arbitraria e ilegal» de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La PGR del país centroamericano indicó que «hace suyo el compromiso de seguir aportando a la construcción de instituciones sólidas y al respeto de los poderes legalmente constituidos».
Reafirmó el compromiso del Gobierno que preside Xiomara Castro en su «política de respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para construir un Estado donde prevalezca la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos».
La procuraduría señaló que «se reserva el derecho a ejercitar las acciones judiciales correspondientes en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia» de la CorteIDH.
El fallo de la CorteIDH indica que además, el Estado no garantizó el acceso a un recurso efectivo de defensa y que el Estado incumplió el deber de investigar las amenazas y hostigamiento que recibieron las víctimas de este caso, así como el deber de establecer medidas de protección.
El tribunal internacional determinó que el Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, a la protección judicial, al derecho al trabajo y a la integridad personal.
El caso se remonta al año 2012, cuando los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las «ciudades modelo» y la «Ley de depuración policial», lo que generó presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, incluido el entonces presidente del país, Porfirio Lobo.
El Parlamento hondureño creó una comisión especial para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012, al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, el Legislativo destituyó a los magistrados sin permitirles defenderse.
Los magistrados también relataron que tras su destitución sufrieron persecución, hostigamiento y atentados. EFE
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