El Gobierno de Honduras inició este lunes el cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2015, la cual ordena restituir las tierras tradicionales y los derechos a la comunidad garífuna, con raíces afrodescendientes, de Punta Piedra, en el departamento caribeño de Atlántida.
«Hoy es un día histórico, porque hace nueve años estamos esperando que inicie este proceso de saneamiento, de devolución de lo que históricamente le corresponde a la comunidad garífuna de Punta Piedra, hemos venido luchando para que se nos reconozcan nuestras tierras”, dijo la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, en redes sociales.
La Corte Interamericana emitió en 2015 un fallo sobre Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, pero hasta ahora Honduras no había cumplido la sentencia.
En diciembre de 2023, según la Ofraneh, la Corte emitió otra sentencia contra el Estado de Honduras por la restitución y el respeto de los derechos territoriales del pueblo garífuna.
La Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) comenzó hoy la «recuperación de las tierras» del pueblo afrodescendiente, informó en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.
«Este acto simboliza el reconocimiento del Estado de Honduras a los derechos de las comunidades garífunas, a sus tierras ancestrales”, subrayó el canciller hondureño y coordinador de la CIANCSI, Eduardo Enrique Reina, durante un evento en la comunidad Punta Piedra.
Reina destacó la voluntad del Estado para dar cumplimiento a la sentencia de la CorteIDH y la importancia de «este proceso de saneamiento», en el que «estamos recuperando los derechos de la comunidad garífuna y defendiendo derechos de comunidades ancestrales».
Según la CorteIDH, los pobladores de la comunidad de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado, además de que se les ha denegado el derecho a la participación en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen y se violaron sus garantías judiciales.
El procurador general de Honduras, Manuel Díaz, indicó que la CIANCSI está comprometida en garantizar «el establecimiento de las medidas de reparación y no repercusión» dictadas por la CorteIDH en sus sentencias a favor de comunidades afrodescendientes.
En agosto de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Gobierno de Honduras que determinara el paradero de cuatro garífunas que el 18 de julio de ese año fueron sacados a la fuerza de sus casas por desconocidos, en el Triunfo de la Cruz, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
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