La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este 28 de noviembre «inconstitucional» el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
Por «unanimidad», el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el polémico contrato.
«Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país«, declaró la presidenta acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo.
López Arias indicó que una vez quede «ejecutoriada la sentencia», se procederá «a emitirla para su publicación en la Gaceta Oficial».
La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano, causando daños irreparables al ecosistema, según los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra el enclave.
Con este fallo, el contrato «deja de existir», habían adelantado a EFE ante esta posibilidad la ex fiscal general panameña Ana Matilde Gómez y el experto constitucionalista Ernesto Cedeño, y en consecuencia el Ejecutivo tendrá, en el corto plazo, que ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que su cierre, un proceso que tomará años de acuerdo con los expertos.
Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el pasado 26 de noviembre el Gobierno panameño, que dijo estar listo para defender al Estado.
