President of the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador, Leonidas Iza (C), heads a march to the Constitutional Court to demand the admissibility of the political trial against Ecuadorian President Guillermo Lasso in Quito on March 28, 2023. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
Unos 2.000 indígenas de Ecuador marcharon este martes para pedir a la Corte Constitucional que dé luz verde al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, por un supuesto caso de corrupción en el que está salpicado su cuñado y un exfuncionario de gobierno.
El máximo tribunal tiene en sus manos la última palabra sobre dar o no paso al juicio planteado por un sector del Legislativo, donde la oposición es mayoría pero está dispersa.
Los diputados alegan que Lasso supuestamente ha protegido a una estructura criminal montada por su cuñado Danilo Carrera y Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO).
Está en manos de la Corte «avanzar por la vía democrática, institucional, constitucional para que se dé paso al juicio político», dijo a la prensa Leonidas Iza, líder de la mayor organización indígena del país, Conaie.
Con látigos en la mano y banderas multicolor, los indígenas avanzaron hasta la sede de la Corte antes de dirigirse a la Asamblea Nacional, donde presentaron un proyecto de ley para el manejo de fuentes de agua.
Al frente de la marcha que recorrió calles del norte de Quito, Iza reclamó porque en Ecuador «no se tiene estabilidad política, no se tiene estabilidad económica, social».
«Ahora está por la vía legal, por la vía constitucional (…) decidir sobre el juicio político del presidente», expresó el dirigente, que lideró violentas protestas en junio pasado, que dejaron seis muertos y obligaron a Lasso a rebajar el precio de los combustibles.
El líder, vestido con su habitual poncho rojo, advirtió: «No esperen que el pueblo se levante para reaccionar» contra el gobierno, que lleva dos años en el poder.
El Ejecutivo sostiene que el pedido de juicio es «un intento más de desestabilización» desde la Asamblea Nacional y que carece de fundamentos jurídicos.
De darse el juicio político, se requiere el voto de dos terceras partes de los diputados (92) para destituir al presidente, en el poder desde 2021.
En caso de que la Corte Constitucional emita un dictamen en contra del juicio, el proceso quedará archivado.
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