La Comisión instó al Estado de Guatemala a “cesar las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población”, expresó la secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum. “Urge respetar y garantizar el proceso de transición presidencial”, aseguró.
La funcionaria efectuó sus declaraciones en una breve presentación que hizo ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su sede de Washington, transmitida en vivo en internet.
Su advertencia tuvo lugar casi dos semanas después de que la fiscalía guatemalteca solicitara el retiro de inmunidad de Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y otras personas para investigarlos por supuestamente haber alentado la toma de la única universidad pública del país a través de mensajes en las redes sociales.
Los estudiantes tomaron las instalaciones de la Universidad San Carlos de Guatemala entre abril de 2022 y junio de 2023 en respuesta a lo que por entonces denunciaron como una elección fraudulenta de su rector, Walter Mazariegos. Según la fiscalía, los comentarios de Arévalo, Herrera y otros impulsaron a los estudiantes y provocaron daños a la institución.
Se trata de una de las más recientes medidas tomadas por la fiscalía, que profundizaron aún más la crisis política que atraviesa la nación por las acciones judiciales contra el proceso electoral.
Tras escuchar la presentación de la funcionaria de la CIDH, la delegación de Guatemala ante la OEA pidió que se proyectara un video en el que el director en funciones de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos de su país, Eddy Cano, defendió la transición como “transparente” y describió al proceso electoral como “democrático y participativo”.
Dijo asimismo que la CIDH realiza un análisis parcializado de los derechos humanos y no tiene indicadores que le permitan verificar sus aseveraciones.
La Fiscalía General de Guatemala, liderada por Consuelo Porras, ha arremetido contra el proceso electoral, contra el presidente electo y contra su partido político, el Movimiento Semilla, así como contra magistrados electorales y más de 125.000 ciudadanos que participaron en la recolección, conteo y resguardo de los votos de millones de personas.
Miles de manifestantes liderados por organizaciones indígenas han salido a las calles a protestar, paralizando a la nación con el cierre de carreteras. Las protestas comenzaron hace casi dos meses frente a la fiscalía y en reclamo de la renuncia de Porras.
Numerosos países de la región, organizaciones nacionales e internacionales y misiones de observación electoral han expresado que el proceso fue transparente y han condenado la situación actual.