La entidad, de la cual Moscú no forma parte, reiteró la solicitud de arresto contra el líder del Kremlin por las acusaciones de deportaciones forzadas de menores ucranianos hacia Rusia.

La Asamblea de los Estados Partes repudió las agresiones y remarcó la imparcialidad del ente. Por otro lado, el Parlamento sueco aprobó el ingreso a la OTAN y siguen los entredichos por la entrega de municiones de uranio empobrecido de Reino Unido a Ucrania.

El  órgano legislativo de la Corte Penal Internacional denunció las amenazas que funcionarios rusos han expresado luego de que el viernes pasado se emitiera una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova por la deportación de niños ucranianos en las zonas ocupadas.

La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, la cual está compuesta por los 123 territorios miembros de la CPI, repudió las “amenazas” contra la entidad, “así como contra su Fiscal y sus jueces”.

La organización de la CPI criticó que Moscú continúe con sus “intentos de obstruir los esfuerzos internacionales para garantizar la rendición de cuentas por actos prohibidos por el derecho internacional”.

En tanto que también subrayaron la independencia de la corte “como institución judicial imparcial”.

“Reafirmamos nuestra plena confianza y reiteramos nuestro firme compromiso de apoyar y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma”, agregaron.

Rusia, que no forma parte de la CPI, abrió el último lunes una causa penal contra el fiscal principal del tribunal, Karim Khan y tres magistrados. En tanto que funcionarios de peso apuntaron agravios contra el órgano judicial.