La jueza que está al frente del caso de la deportación del migrante salvadoreño enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a tener un estatus legal en EE.UU., reprochó este martes que el Gobierno estadounidense «no ha hecho nada» para facilitar su regreso y ordenó una investigación exhaustiva acerca de sus acciones.
Así lo señaló la magistrada Paula Xinis, del distrito de Maryland, durante una audiencia donde apuntó que en esas pesquisas sobre la actuación del Ejecutivo deberán testificar los funcionarios involucrados, según recogieron medios presentes en el juzgado.
«A fecha de hoy (…) no se ha hecho nada», indicó la jueza. «He pedido informes a individuos con conocimiento directo y he recibido muy poca información que valga la pena».
El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. el pasado 16 de marzo y enviados a una prisión de alta seguridad salvadoreña sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo respaldando una orden de Xinis que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador se han negado a hacerlo.
Durante una visita a la Casa Blanca esta semana, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se negó a liberar a Ábrego, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que traerlo de vuelta a EE.UU. sería ilegal.
Por su parte, el Gobierno Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego al tribunal, al alegar que el acuerdo entre San Salvador y Washington es «clasificado» y limitándose a informar que el hombre de 24 años está vivo.
En la vista de este martes, Xinis instruyó al Gobierno a responder a interrogatorios sobre el caso y a entregar documentos pertinentes, citando inicialmente a los funcionarios que han presentado testimonios jurados en el caso.
«No voy a tolerar juegos. (..) Cancelen vacaciones u otras citas que tengan» indicó a los abogados del Ejecutivo.
El salvadoreño, que fue arrestado por autoridades migratorias en un retén de tráfico, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
Ábrego García residía en el estado de Maryland, tras huir de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión sobre la que pesan denuncias de abusos a los derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano. EFE
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