El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, dijo este jueves que más de 1.000 menores de edad han sido condenados a penas de hasta 20 años en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 e implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
“Solo en lo que llevamos de régimen de excepción (…) entre la Policía y la Fuerza Armada se han ubicado a más de 1.194 menores, de los cuales 1.065 ya fueron condenados por participar o pertenecer a un grupo terrorista”, indicó en declaraciones a medios.
Afirmó que “hemos incrementado nuestra vigilancia sobre los centros educativos, no solo los que pertenecen al sistema público sino también a los privados”.
“Sepan que ahora un menor de edad entre los 12 y 18 años va a responder con penas de prisión de hasta 20 años, que casualmente es la pena mínima para los delitos de agrupaciones ilícitas”, agregó Villatoro.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores de estas bandas. De ellas más de 7.000 habrían salido ya en libertad condicional.
Por su parte, las organizaciones humanitarias registraron más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.
A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de “sus peores crisis” de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
El régimen de excepción fue aprobado a finales de marzo de 2022 y se convirtió en la principal bandera de Bukele para alcanzar su reelección en los comicios del 4 de febrero, a pesar de que lo prohíbe la Constitución.
El Congreso de amplia mayoría oficialista ha renovado en 23 ocasiones- y en períodos de 30 días este régimen, que también se ha convertido en la principal y única acción del Ejecutivo contra las maras, y ha reformado leyes para facilitar el juzgamiento de supuestos pandilleros.
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