La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, señaló que el Partido Libertad y Refundación (Libre) atraviesa por una de sus peores crisis desde que asumió el poder, motivada por el “narco escándalo” relacionado con la familia Zelaya, la gestión gubernamental y el incumplimiento de promesas.
Castellanos destacó el impacto del polémico video donde se observa a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara de Zelaya, en una reunión con narcotraficantes discutiendo sobre fondos destinados a campañas electorales. En el video, Zelaya pronuncia la frase: “la mitad es para el Comandante”, en alusión a su hermando, el expresidente Manuel Zelaya.
Este episodio se suma a la reciente denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos, una acción que Castellanos atribuye a la intervención de la embajadora Laura Dogu, así como al caso del juez Marco Vallecillo, en el cual se involucraron altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
Otro factor que deterioró la imagen del partido es el asesinato del activista ambiental Juan López. Además, la esperada llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) sigue siendo una promesa incumplida, lo que ha exacerbado el descontento social.
Ante este panorama, Castellanos concluyó que los recientes acontecimientos tienen “un efecto demoledor” en el partido gobernante, que está “en sus momentos más bajos desde que ganó las elecciones (de 2021)”. Según su análisis, la presidenta Xiomara de Zelaya es una de las principales afectadas por esta caída en la percepción pública.
La socióloga hondureña también opinó que la imagen de la Presidenta está aún más comprometida tras la fallida denuncia del tratado de extradición, una tarea que inicialmente se esperaba que fuese ejecutada por la Corte Suprema de Justicia, lo que incluso generó fricciones entre la mandataria y la presidenta de la Corte, Rebeca Ráquel Obando.
Castellanos subrayó que todos estos hechos tienen a Libre en una situación de profundo desgaste, señalando que se vino a concretar con el asesinato del líder ambientalista del departamento de Colón (Juan López).
La exrectora considera que este deterioro en la credibilidad del partido llevó al Gobierno a enfocarse en la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las ZEDE, una maniobra que, en su opinión, busca desviar la atención de los problemas actuales y “convertirlo en el nuevo tema de confrontación”.
